El exnúmero dos de Alfonso Rus, Máximo Caturla, acepta 11 meses de cárcel por ocultar su patrimonio

Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación de València y exnúmero dos del líder provincial del PP Alfonso Rus, ha aceptado una pena de once meses de cárcel, el pago de una multa de 2.700 euros y de las costas procesales del juicio que se ha celebrado ante el Juzgado de lo Penal 18 de València en el que ha itido haber cometido un delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. Caturla, que fue condenado a cinco años de cárcel por la pieza del caso Taula de los zombis en Ciegsa e Imelsa, se desprendió de parte de su patrimonio inmobiliario entre 2014 y 2015, cuando trascendió que se le investigaba junto a Alfonso Rus o el yonqui del dinero, Marcos Benavent, antes de que fueran detenidos el 26 de enero de 2016, cuando estalló la operación Taula.

Por la ocultación de sus bienes, investigados en la pieza separada J del caso Taula (se crearon 12 piezas separadas de las que se han juzgado siete mas otra que se ha archivado) la Fiscalía Anticorrupción reclamaba para Caturla dos años y medio de prisión y una multa de 20 euros al día durante 18 meses, unos 10.800 euros. Finalmente, al alcanzar un acuerdo de conformidad y itir los hechos, el Juzgado de lo Penal 18 de València ha impuesto a Caturla una pena de 11 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 2.700 euros además del pago de las costas. El pacto también incluye suspender el ingreso en prisión, condicionado a que no delinca en un plazo de dos años.  

Los indicios del alzamiento de bienes itidos por Caturla se produjeron «entre octubre de 2014 y noviembre de 2015» cuando el número dos de Alfonso Rus fue «conocedor de que podía estar siendo investigado penalmente por hechos producidos de 2003 a 2007 cuando desarrolló su actividad política como secretario autonómico de Educación y como consejero delegado de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA)».

Caturla contrató a un despacho de abogados, cambió de móvil y realizó "operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario y a derivarlo hacia la empresa y sociedad familiar de la que hasta entonces era socio mayoritario", según el rastreo de todos los movimientos realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre otras decisiones, itidas por Caturla y reflejadas en la sentencia de conformidad, Caturla vendió una vivienda en Dénia (por 307.700 euros, adquirida en 2006 por 200.000 euros), una nave industrial (vendida por 240.000 € que adquirió junto a un familiar en 2013 por 116.000 €), realizado un préstamo hipotecario de 300.000 euros sobre la finca La Corona en Fontanars dels Alforins (adquirida en el año 2000 y tasada en 2.436.606 euros y embargada por el juzgado) y donado las participaciones de Estilo Kiki SL a sus tres hijos, aunque reservándose «el usufructo vitalicio del 24% de las participaciones». Entre mayo y noviembre de 2015 también vendió 6 de los 18 vehículos históricos de los que era propietario, a través de la empresa Estilo Kiki, "por un precio declarado a efecto de impuestos de 17.096 euros". Entre los vehículos de los que se desprendió figuraba un "Jaguar E tipo 4.2 de alta gama vendido, según contrato, en 10.900 euros".

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